El proceso de reforma de la seguridad social en el país comienza a partir de la crisis de lo que se llamó Estado de bienestar, seguidamente con la entrada del modelo económico capitalista a Venezuela se crea una crisis en los escenarios políticos, económicos, ideológicos, sociales y organizacionales, trayendo esto como consecuencias una serie de impactos negativos a la sociedad, que hoy en día padecemos, desde este entonces el sistema de seguridad social en Venezuela entra en una inestabilidad obligando de esta manera a los gobiernos de turno a implementar políticas de reformas en materia de seguridad social, muchas de ellas a veces improvisadas, las cuales muchas veces empeoraban la situación. Por otro lado los fondos previstos para la seguridad social no eran utilizados a los fines para los cuales estaban destinados, al contrario muchas veces dichos fondos fueron a concluir al financiamiento de corrupción y al clientelismo político.
Para el segundo período presidencial de Rafael Caldera se asume el compromiso de reestructurar integralmente el sistema de seguridad social, compromiso éste con el país en víspera de brindarles a los trabajadores venezolanos una mejor seguridad social, en virtud de que la misma en los últimos años estaba en casi ruina gracias a la capitalización neoliberal adoptada por el país lo cual causó tanto perjuicio a los trabajadores, a sus familiares y a la sociedad en general, pero a pesar de todos esos esfuerzos no se observaron cambios importantes.
Para 1999 con la entrada de la presidencia del Comandante Hugo Chávez Frías se desconocen todos los acuerdos tripartitos producidos por los actores laborales en el régimen anterior, lo que dio lugar a que el nuevo Ejecutivo Nacional promulgase una nueva ley marco de seguridad social, la cual fue aprobada sin el consenso y consulta de los actores sociales. Este nuevo proyecto optó por un sistema público de carácter no lucrativo, universal y solidario administrado por el Estado y que se opone a cualquier intervención de la iniciativa privada en el mismo, por lo que es de observar que el nuevo gobierno se aleja del criterio privatizador de la seguridad social el cual era sostenido por los gobiernos anteriores y por el contrario opta por la reivindicación de su carácter estatista, esto un poco mas tarde trae como consecuencia el pronunciamiento de la CTV (Confederación de los Trabajadores Venezolanos) cuestionando el nuevo proyecto de seguridad social elaborado por el actual gobierno, ellos establecen que la nueva ley presenta muchas dificultades para su implementación debido al gran volumen de instituciones burocráticas que deben funcionar en conjunto con el sistema con que cuenta el Estado, al igual plantearon otras serie de criticas y a su vez un conjunto de propuestas dentro de las cuales se cree que deben ser objeto de debate y tomadas en cuenta por el Ejecutivo Nacional, dentro de ellas que se implemente de un sistema mixto de la seguridad social, y se proponen que la misma se caracterice por una fuerte presencia pública pero abierta a la participación de los particulares dando cabida de esta manera a la solidaridad intergerencial y a la solidaridad social, a la universalidad en la cobertura de las prestaciones, a la participación de los actores públicos y privados en su organización, financiamiento, administración y supervisión etc., por lo que se cree que de esta manera si pueda haber un verdadero sistema de seguridad social dentro de un modelo de gestión eficazmente democrático.
Para el segundo período presidencial de Rafael Caldera se asume el compromiso de reestructurar integralmente el sistema de seguridad social, compromiso éste con el país en víspera de brindarles a los trabajadores venezolanos una mejor seguridad social, en virtud de que la misma en los últimos años estaba en casi ruina gracias a la capitalización neoliberal adoptada por el país lo cual causó tanto perjuicio a los trabajadores, a sus familiares y a la sociedad en general, pero a pesar de todos esos esfuerzos no se observaron cambios importantes.
Para 1999 con la entrada de la presidencia del Comandante Hugo Chávez Frías se desconocen todos los acuerdos tripartitos producidos por los actores laborales en el régimen anterior, lo que dio lugar a que el nuevo Ejecutivo Nacional promulgase una nueva ley marco de seguridad social, la cual fue aprobada sin el consenso y consulta de los actores sociales. Este nuevo proyecto optó por un sistema público de carácter no lucrativo, universal y solidario administrado por el Estado y que se opone a cualquier intervención de la iniciativa privada en el mismo, por lo que es de observar que el nuevo gobierno se aleja del criterio privatizador de la seguridad social el cual era sostenido por los gobiernos anteriores y por el contrario opta por la reivindicación de su carácter estatista, esto un poco mas tarde trae como consecuencia el pronunciamiento de la CTV (Confederación de los Trabajadores Venezolanos) cuestionando el nuevo proyecto de seguridad social elaborado por el actual gobierno, ellos establecen que la nueva ley presenta muchas dificultades para su implementación debido al gran volumen de instituciones burocráticas que deben funcionar en conjunto con el sistema con que cuenta el Estado, al igual plantearon otras serie de criticas y a su vez un conjunto de propuestas dentro de las cuales se cree que deben ser objeto de debate y tomadas en cuenta por el Ejecutivo Nacional, dentro de ellas que se implemente de un sistema mixto de la seguridad social, y se proponen que la misma se caracterice por una fuerte presencia pública pero abierta a la participación de los particulares dando cabida de esta manera a la solidaridad intergerencial y a la solidaridad social, a la universalidad en la cobertura de las prestaciones, a la participación de los actores públicos y privados en su organización, financiamiento, administración y supervisión etc., por lo que se cree que de esta manera si pueda haber un verdadero sistema de seguridad social dentro de un modelo de gestión eficazmente democrático.
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